¿El fin justifica los medios?

Ahora que en algunos puntos del país priva cierto clima de ingobernabilidad y la solución a las diferencias (políticas, ideológicas, de opinión…) es imponer la voluntad de unos por encima de la ley, de las normas más básicas de civilidad, de los derechos de otros, un grupo del gremio de la educación en Oaxaca hace lo propio y toma por sus pistolas los micrófonos de varios medios del estado. La imagen idealizada del maestro como autoridad moral, como ejemplo de rectitud, de la buena conducta, del “deber ser” estandarizado para procurar la convivencia civilizada y ordenada, se desmorona como pasó hace mucho con la figura del político que ahora es más bien sinónimo de corrupción, de ansias de poder, de producto facturado por estrategias de mercadológicas que reducen a los ciudadanos (tanto los de arriba como los de abajo, de la izquierda o de la derecha, como dirían AMLO y el "Sup") a consumidores potenciales de promesas mesiánicas, emocionalmente manipulables e intelectualmente convencionales. Enseguida uno más de los siempre ilustrativos análisis de Miguel Ángel Granados Chapa, publicado hoy en los diarios del Grupo Reforma, para tener más referencias en torno a las acciones de protesta de los profes en Oaxaca, merecedoras de un cero en conducta:

La naturaleza y la política se ceban sobre Oaxaca, con daño y perjuicio de su gente: once personas (siete adultos y cuatro menores, incluido un niño de un año de edad) murieron aplastadas por toneladas de lodo, pues se desgajó el cerro al que habían adosado sus chozas, en el municipio de Santa María Chilchotla, en la Sierra Mazateca. Suele ocurrir que la fragilidad de la vida, expresada en la condición endeble de la vivienda y el asentamiento en lugar barato o gratuito, por riesgoso, propicie la muerte.

Al parecer ninguna de las víctimas advirtió que el alud los aplastaba. Así de veloz e inexorable fue la destrucción. Pronta fue asimismo la reacción de los vecinos, que trabajaron arduamente para rescatar los cuerpos y darles sepultura. En Oaxaca es proverbial el trabajo comunitario puesto al servicio de quien lo necesita. Sin tener que nombrarla así, la solidaridad es una virtud intensa y extensamente practicada en esa entidad.

Por eso es más de lamentar el creciente deterioro de la convivencia en Oaxaca, suscitado por el enfrentamiento del gobernador Ulises Ruiz y la Asamblea popular, un agrupamiento civil cuyo eje articulador es la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El gremio magisterial inició el 22 de mayo una movilización, que incluyó un paro de labores en las escuelas de educación básica y plantones en el centro de la capital. Con el propósito de desalojar a los paristas de las calles y plazas oaxaqueñas, el 14 de junio el gobierno local lanzó a la policía en un asalto que resultó fallido y sólo sirvió para enardecer los ánimos. Se constituyó entonces la Asamblea, que reunió a grupos agraviados de distintos modos por el sistema político oaxaqueño, y entonces las demandas magisteriales (principalmente la inclusión de Oaxaca en una zona de mayor salario) pasaron a segundo término y se impuso sobre ellas la exigencia de que renuncie el gobernador Ulises Ruiz.

Esa demanda ha sido reforzada por un activismo violento que no parece tener límite. Por primera vez en décadas fueron suspendidos los lunes del cerro, la Guelaguetza, acto ritual que atrae gran cantidad de turismo a fines de julio. Los activistas destruyeron el escenario y bloquearon la salida de los viajeros hospedados en los hoteles del centro capitalino. De ese modo hicieron que se ahonde la crisis económica que afecta a empresarios y trabajadores del ramo turístico, principal fuente de ingresos de la capital oaxaqueña. Desbordados todos los límites, la actual estrategia de la Asamblea se orienta a interrumpir las actividades gubernamentales, para lo cual se impide el acceso a las sedes de los poderes. Se anuncia una radicalización aun mayor, para presionar la renuncia del gobernador: se prevé la captura e incendio de autobuses del servicio público de pasajeros.

Capítulo aparte merece el embate contra medios de información. Desde el día del frustrado ataque policiaco, la movilización magisterial tomó las instalaciones de Radio Universidad. Y ahora se hallan en sus manos las de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que maneja los medios electrónicos propiedad del gobierno estatal: el canal 9, que dispone de 36 repetidoras; y las frecuencias radiofónicas que se sintonizan, en el cuadrante oaxaqueño, en el 680 de amplitud modulada y en el 96.9 de frecuencia modulada. La CORTV, fundada el 20 de noviembre de 1993, está afiliada a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, que hizo pública su condena por la toma de esas instalaciones, el 1o. de agosto, y la realización de emisiones a través de las tres difusoras. Llamando "inadmisibles" esos actos, la Red los condenó y exigió la liberación de las instalaciones, el cese de "ese atropello que en nada ayuda a la solución pacífica de los problemas que suceden actualmente en el estado de Oaxaca". Las funciones de otros medios, privados, han sido interrumpidas por voluntad de los emisores, ante el riesgo de que también se apoderen de sus sedes los activistas.

Aparte las presiones resultantes de la movilización, la Asamblea popular acudió a dos expedientes legales para derribar a Ruiz, ante la contundente negativa del gobernador a renunciar. Inició una demanda de juicio político ante la Cámara de Diputados, y solicitó a la de senadores la declaración de desaparición de poderes y el nombramiento de un nuevo gobernador. El receso del Poder Legislativo federal, y la inminente instalación de una nueva legislatura son un obstáculo formal para que esas iniciativas prosperen. La Comisión Permanente turnó a la Comisión de Gobernación del Senado la petición respectiva y avisó a los solicitantes que sólo la atenderán los nuevos integrantes de esa Cámara a partir de septiembre.

Eso plantea a los impugnadores del gobernador el desafío de radicalizar aun más sus acciones, seguros de que Ruiz no los enfrentará con la fuerza, porque con ello sólo precipitaría su salida, o de abrir un lapso de espera para que se ventile formalmente su exigencia. Tanto se ha espesado el conflicto que, declarando su imposibilidad de cumplir sus fines renunció la Comisión de intermediación y concordia, un intento civil formado por el obispo emérito de Tehuantepec, don Arturo Lona; el artista Francisco Toledo y el padre Francisco Mayrén, coordinador de justicia y paz del arzobispado de Antequera-Oaxaca. El 2 de agosto se cumplieron 54 años de la renuncia del gobernador Manuel Mayoral Heredia, derribado con paciencia por los oaxaqueños.

(Miguel Ángel Granados Chapa, “Infortunios oaxaqueños”, en Editoriales, Reforma, 4 de agosto, p. 15).